Lunes 28 de diciembre de 2020
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Política
Carbonell cierra un año polémico al frente del STJ

El presidente del Superior Tribunal de Justicia realizó un balance de su gestión, pero omitió hacer referencias a los conflictos latentes.

StrattaCarbonell

E

l presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Martín Carbonell, destacó que este año que finaliza fue, sin dudas, uno de los más difíciles para la Justicia, porque se tuvo que rearmar todo el sistema para poder brindar y garantizar el servicio en la pandemia. Destacó a su vez el trabajo y compromiso de todos los operadores judiciales que intervinieron en este proceso. La implementación de herramientas digitales, juicio por jurados, utilización de intereses de cuentas judiciales, reglamentos y protocolos, fueron algunos de los temas más salientes.

No obstante, no hizo alusión a los conflictos latentes en la justicia entrerriana, como por ejemplo el nombramiento a dedo del 80% de los fiscales tanto en la capital provincial como en Concordia.

Lo que dice el archivo


A partir de la declaración de la pandemia Covid-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del decreto nacional Nº 260/20 estableciendo la cuarentena y del decreto N° 361/20 de la provincia de Entre Ríos fijando la emergencia sanitaria, el gran desafío para el Poder Judicial fue el de garantizar la prestación del servicio de Justicia; dando cumplimiento con el aislamiento social, preventivo y obligatorio requerido por las autoridades nacionales.


Primeras medidas

El 16 de marzo de 2020, el Superior Tribunal de Justicia dispuso el Receso Judicial Extraordinario por Razones Sanitarias y estableció nuevas formas y modalidades de trabajo, promoviendo medidas de protección a fin de impedir la propagación del virus, resguardando la salud de los agentes y operadores judiciales y de la ciudadanía.


Lo que dice el archivo


Quedaron vigentes las actuaciones judiciales que, de no practicarse pudieran causar perjuicios irreparables; medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables como las medidas de protección de personas; los servicios de guardia; las actuaciones con detenidos o presos, órdenes de protección y de cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y niños, niñas y adolescentes.

Nuevas herramientas

El Covid-19 impactó y afectó al mundo entero en todas sus dimensiones. Nadie estaba preparado para enfrentar esta situación y se debió recurrir rápidamente a desarrollar nuevas herramientas de trabajo para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial de Entre Ríos.

En los últimos años se ha trabajado en los procesos de digitalización, informatización y utilización de las plataformas digitales con el objetivo de brindar mayor celeridad a los procesos judiciales, evitando además el uso del papel, y en pos de brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía. Este año, intempestivamente, ante la declaración de la pandemia Covid-19, esos procesos en desarrollo debieron ser amplificados y acotados en el tiempo.

Es así que a partir de ese mismo día se adoptaron medidas, siempre bajo la premisa de asegurar el funcionamiento del servicio de Justicia en condiciones de seguridad sanitaria e informática.

Se elaboraron los protocolos estableciendo las medidas de higiene y seguridad destinados a magistradas/os, funcionarias/os, empleadas/os, personal médico y de maestranza del Poder Judicial de Entre Ríos, que se desempeñaron bajo la modalidad de trabajo presencial.

Se puso a disposición de la población un listado público con todos los teléfonos de los organismos para realizar consultas, la atención personalizada previo pedido de turnos y el uso de las redes sociales como Facebook para cualquier requisitoria.

Plataformas digitales e informatización

En las 17 jurisdicciones de la provincia se relevaron las necesidades concretas de herramientas tecnológicas para poder cumplir con los requerimientos del trabajo habitual de los distintos organismos en forma remota. Se pusieron a disposición las licencias e infraestructura para las conexiones simultaneas de VPN (red privada virtual) y computadoras personales especialmente preparadas, lo que permitió el trabajo remoto en forma segura y eficiente para todos aquellos que lo requirieron.

Se estableció el sistema de videoconferencia lo que permitió la integración de teletrabajadores para formar verdaderos equipos de trabajo.

También se reglamentó la presentación electrónica de documentos a través de la Mesa Virtual por parte de los operadores judiciales, a través del sistema de gestión de expedientes y con las correspondientes garantías de seguridad digital.

Luego se aprobó el Reglamento de Presentaciones Electrónicas, con la entrega de los escritos en formato digital a los distintos organismos de los fueros Civil, Laboral y Familiar. Y además se estableció el pago electrónico de honorarios y todo crédito originado del servicio de justicia.

Se avanzó en la gestión de documentos a distancia escaners de alta velocidad para la digitalización de documentos y se afianzó la Firma Digital.

Videoconferencias

Entre otras medidas, desde el Superior Tribunal de Justicia se implementó la metodología de trabajo a distancia para el Área Mediación Penal, para lo cual el mediador penal utiliza distintas herramientas tecnológicas según el protocolo de actuación, respetando las características de confidencialidad, voluntariedad e imparcialidad.

Se instrumentó el protocolo para la realización de audiencias en procesos vinculados con el Fuero del Trabajo, permitiendo así la participación de las partes en cualquier tipo de actuación.

El Fuero Laboral también aplicó el sistema de videoconferencias para audiencias de conciliación laboral. Para ello las partes y los letrados intervinientes informan, dentro del  plazo que establece el Juzgado, con qué medios tecnológicos cuentan y brindan copias de sus documentos de identidad. En el caso de los peritos es por vía electrónica y al momento de aceptar la designación.

Se aprobó el reglamento de Mediación a Distancia para los juzgados Civiles y Comerciales, dando la posibilidad de utilizar los métodos electrónicos para la realización de audiencias “on line” o a distancia.

Esta metodología, en la Justicia entrerriana ya era utilizada para dar respuesta a los supuestos en que las partes en conflictos tenían su residencia habitual en diferentes provincias argentinas, o se encontraban domiciliadas en diferentes jurisdicciones de Entre Ríos. Ante la declaración de la pandemia (Covid 19), el método fue ampliado para que pueda ser utilizado por personas domiciliadas en la misma jurisdicción, y de esa manera evitar la concurrencia a los tribunales y resguardar la salud de todos los ciudadanos.

Por primera vez, las subastas judiciales en la provincia pudieron realizarse en forma virtual. El STJ resolvió aprobar los protocolos para que, en los fueros Civil-Comercial y Laboral se puedan desarrollar de esa manera, garantizando la prestación del servicio y seguridad en la salud a los ciudadanos.

En el fuero penal, se implementó la utilización del sistema de videoconferencias lo que permitió garantizar el principio de publicidad de los actos jurisdiccionales, al tiempo que posibilitó la participación en las audiencias de personas que integran grupos de riesgo (magistradas/os, fiscales, abogadas/os) y evitó el traslado de detenidos desde las unidades penales.

A través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación (SIC) se transmitieron juicios de interés público registrándose hasta 270.000 visitas y posibilitando que medios de todo el país pudieran seguir las audiencias y también transmitirlas en directo.

El sistema de videoconferencias fue utilizado en todas las jurisdicciones, garantizando los derechos de todos los ciudadanos a acceder al servicio de justicia.

Otro de los temas transcendentales que se implementó en el año fue el Juicio por Jurados, a partir de su aprobación por ley, dando real  participación ciudadana en la Justicia. Para su concreción se debió recurrir a protocolos especiales y a  herramientas tecnológicas para garantizar su funcionamiento.

Es así, que a la fecha se han realizado tres juicios por jurados en la provincia (Paraná, Concordia y La Paz) cuyas audiencias se transmitieron en vivo y en directo.

Capacitación y obras

Otro de los temas a los que se les prestó una detenida atención fue a los cursos de capacitación, considerando las nuevas políticas a nivel global. Desde el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Juan Bautista Alberdi”, se realizaron 11 ediciones de cursos virtuales, 26 cohortes de cápsulas educativas y 84 conferencias web, capacitaciones destinadas a agentes, operadores judiciales y a integrantes de la magistratura. Participaron de estas actividades 9035 personas y 96 capacitadores.

La declaración de pandemia no impidió poder avanzar en la continuidad de las obras públicas que se concretan en el nuevo edifico anexo a Tribunales en Paraná, como al destinado a efectos secuestrados, y a las edificaciones en San Salvador, Feliciano y Federación. También se dio inicio a las trabajos en Gualeguaychú y en el edifico de Ciencias Forenses en Oro Verde. Se inauguraron las nuevas sedes de los juzgados de Paz de Santa Elena, Viale y Bovril.

En este sentido se destaca la aprobación por parte de la Legislatura provincial del proyecto de ley, por el cual el STJ puede disponer de los intereses generados por los fondos existentes en cuentas judiciales de aquellos expedientes concluidos o paralizados y que no fueron solicitados para su percepción en el plazo de tres años. Los mismos serán destinados a la obra pública en el ámbito judicial, adquisición de bienes de uso, aplicación de nuevas tecnologías y a la ejecución de políticas sobre cuestiones de género.

Además, se continuó recibiendo el juramento a los abogados, y se aplicó la forma remota para aquellos graduados que no residen en Paraná y de manera presencial cumpliendo los protocolos respectivos.

En el marco de la emergencia, también se conformó un fondo solidario ente los integrantes de la magistratura, trabajadoras/es, jubiladas/os y pensionadas/os, recaudándose casi 20 millones de pesos, los que fueron destinados a la compra de dos ambulancias y equipamiento médico destinado a hospitales y centros de salud de la provincia.

El programa “La Justicia va a los Barrios”, continuó con su trabajo vía remoto, estableciendo contacto con los vecinos de distintas ciudades.

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