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a Comisión de Salud Pública, presidida por el diputado Jorge Cáceres, del Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos, mantuvo una reunión donde se trató el proyecto de ley que adhiere a la Ley Nacional 27.043 de Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas que Presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Al respecto, el presidente de la Comisión y autor del proyecto opinó: “No alcanza con que hablemos de autismo el 2 de abril, es necesario que Entre Ríos adhiera como ya lo hicieron otras 12 provincias, a partir de lo cual se podrán hacer pesquisa, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y abordaje interdisciplinario. Debemos generar las mejores condiciones para la vida de nuestros hijos".

"Debemos generar las mejores condiciones para la vida de nuestros hijos", afirmó el diputado Cáceres.

Además, el legislador detalló que la propuesta apunta a que el Sistema Público Provincial de Salud y el Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (IOSPER) garanticen la cobertura integral de las prestaciones necesarias, y que también se involucren el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo General de Educación, la Secretaría de Trabajo y el Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI).

En este sentido, el responsable de la Dirección General de Prestaciones de la provincia, Gustavo Ramírez, dijo: “Esta ley es una gran deuda en Entre Ríos, debemos tratar de dar una solución efectiva a la temática que reconozca derechos”.

Por su parte, y representación del IPRODI, Natalia Jaime indicó: “Debemos trabajar de manera transversal en estas leyes para una aplicación efectiva”.

En tanto que, la presidenta de la Asociación Civil Mirartea, Analía Alem, sostuvo: “Tanto el Estado como las obras sociales deben estar comprometidas y formarse. Es una lucha que viene de hace muchos años para que la mirada de la salud pública cambie”.

Otra voz que se pronunció acerca de la iniciativa fue la de la presidenta de la Asociación Civil de Autismo, Asperger y Neurodiversidad de Entre Ríos, Amaru Méndez, quien expresó: “Queremos que esta ley nos ayude a crecer como personas. Le habla especialmente a quienes no tienen obra social ni diagnóstico y que sufren maltratos”.

A su vez, Nadia Gasparín, presidenta de la Asociación Civil Neurodiversidad de San Benito, señaló: “Necesitamos de un compromiso real del Estado para garantizar derechos”.

Asimismo, la referente de la Fundación Aprender a Volar, Marta Inés Rubano destacó: “La experiencia nos dice que se vuelve difícil asistir desde las ciudades del interior. Además, debemos poder pensar no solo en los niños, sino también en adolescentes y jóvenes y su desenvolvimiento en la sociedad, para que sean personas autónomas”.

Para finalizar, la especialista en neurodesarrollo Mariela Molina aseguró: “se necesita formar profesionales para hacer las pesquisas, que se conmuevan ante estas situaciones. Que se pueda hacer desde el Estado es pensar en las familias que tanto sufren”.