L

uego del paro al que convocaron el pasado miércoles los gremios de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos elevó un pedido a la Secretaría de Trabajo solicitando que se declare la ilegalidad del mismo.

Para argumentar su posición, el organismo provincial presentó un documento donde señala: "Se rechaza el modus operandi en el que han procedido las asociaciones sindicales: sin previo aviso, encontrándose las negociaciones abiertas y sin esperar siquiera a la audiencia de conciliación fijada para este 16 de abril de 2024”.

En el mismo escrito, el CGE apunta que el ejercicio del derecho a huelga puede ocasionar riesgos o perjuicios para el interés público o general de la sociedad.

En este marco, a través de su Asesoría Legal, la Comisión Directiva Central de AGMER presentó en la mañana del viernes 12 de abril, un documento en la Secretaría de Trabajo como respuesta a la cédula emitida por ese mismo organismo el pasado 9 de abril.

Desde el gremio que nuclea a los trabajadores de la educación, se emitió a la vez un comunicado en el que afirman: "Nuestro derecho de huelga de ninguna manera comporta un perjuicio al derecho del estudiante a la educación".

Y explican: "Dejamos aclarado que la Secretaría de Trabajo no tiene atribuciones para declarar una Conciliación Obligatoria ni para ordenar la suspensión de las medidas de fuerza resueltas por nuestro Congreso".

Para concluir: "Exigimos a las autoridades del gobierno provincial y del CGE que se abstengan de emitir declaraciones y normativas persecutorias hacia los compañeros en funciones de supervisión, equipos directivos y docentes, con la pretensión de sancionar nuestro legítimo ejercicio de la huelga".

El comunicado de de la Comisión Directiva de AGMER

Tal como planteamos al Secretario de Trabajo, el ejercicio de nuestro derecho de huelga de ninguna manera comporta un perjuicio al derecho del estudiante a la educación. Y, por el contrario, de la afectación del derecho de los trabajadores sí resulta daño irreversible, tal como nos ocurre ante la merma constante de nuestro salario.

Al mismo tiempo, dejamos aclarado que la Secretaría de Trabajo no tiene atribuciones para declarar una Conciliación Obligatoria ni para ordenar la suspensión de las medidas de fuerza resueltas por nuestro Congreso.

Como ya lo manifestamos, las necesidades y urgencias de la docencia no son un juego; no aceptamos especulaciones ni dilaciones. De igual manera, desde esta CDC exigimos a las autoridades del gobierno provincial y del CGE que se abstengan de emitir declaraciones y normativas persecutorias hacia los compañeros en funciones de supervisión, equipos directivos y docentes, con la pretensión de sancionar nuestro legítimo ejercicio de la huelga. Lo que sí deben hacer -y de inmediato- es disponer la voluntad política de garantizarnos una propuesta salarial que nos permita recuperar el salario que venimos perdiendo producto de la inflación y los recortes de fondos nacionales.