U

no y otro pedido están relacionados. El primero fue ingresado el 11 de julio de 2005 por el ciudadano paranaense Gustavo Almada, quien le imputaba al gobernador Jorge Busti la responsabilidad ante los hechos que provocaron la pérdida de lo que, se estimaba por aquellos días (nunca se conoció con certeza el dato), sumaban unas 45 toneladas de alimentos destinados a beneficiarios de programas sociales.
Almada planteaba que “se habría procedido por orden directa del doctor Jorge Busti a desechar (tirar) otra importante cantidad de mercaderías (alimentos) en el paraje conocido como Alvear”.
De este párrafo se toma ahora el ciudadano de Paraná, Abraham Eduardo Altman, en el planteo que ingresó el lunes a la Cámara de Diputados. Como causal de juicio político sostiene el “incumplimiento por parte del Gobernador del artículo 17 de la Constitución Provincial”, que reza: “El funcionario o empleado público a quien se impute delito cometido en el desempeño de sus funciones, está obligado a acusar para vindicarse, bajo pena de destitución, y gozará del beneficio del proceso gratuito”.
Altman argumenta que “la grave denuncia” del anterior planteo de juicio político “no mereció por parte del Gobernador cumplir con el artículo 17 de la Constitución Provincial”, dado que Almada “no fue siquiera conminado por carta documento a ratificar o rectificar su imputación”.

RESPONSABILIDAD. La segunda causal de juicio político que Altman presenta va a la cuestión de fondo: la “no asunción de la responsabilidad por parte del titular del Poder Ejecutivo en la aclaración de los hechos conocidos por la opinión pública como destrucción y quema de alimentos”.
“La inacción del Gobernador es evidente, ya que no se encuentra persona alguna sindicada, señalada, sumariada, denunciada, procesada o arrestada ante el gravísimo hecho admitido por distintas autoridades gubernamentales, que perjudicó al erario público y a los beneficiarios de los comestibles”, argumenta.
Agrega que “tampoco se conoce causa alguna tramitada en el Poder Judicial” y que “no puede alegarse crimen perfecto, es decir, sin autores detectados por el delito, ya que quedaría como absolutamente ineficaz la fuerza policial provincial”.
A modo de “antecedente”, Altman menciona la destitución del jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra como “máximo responsable de la competencia del Estado en la habilitación y control del funcionamiento del boliche Cromagnon”.
La carilla que contiene el planteo finaliza con un párrafo en el que deja a criterio de los diputados “hacer extensivo el instrumento de juicio político”, basado en las mismas causales, “a los ministros integrantes del gabinete” a quienes el anterior pedido considera “partícipes necesarios o cómplices de los sucesos acontecidos”, lo que, sostiene Altman, constituye también una “grave imputación que los obliga a acusar para vindicarse”.
Planteado cuando el escándalo estaba todavía instalado en el debate político del año electoral, el anterior pedido de juicio político fue rechazado in limine con el voto del PJ y de la diputada Lucy Grimalt, mientras que Antonio Mainez (entonces Nuevo Espacio), propuso un dictamen de minoría y los representantes de la UCR optaron por no concurrir a la reunión de comisión, igual que Juan Domingo Zacarías, del Nuevo Espacio.