E
l propio texto de la resolución que firma el juez de Instrucción, doctor Ricardo González, refiere que en su denuncia los diputados Antonio Máinez y Oscar Grilli objetaron la contratación directa que hizo el Gobierno en favor del Nuevo Banco de Entre Ríos SA (NBersa), por la prestación del servicio de agencia financiera del Estado. En la pericia contable, el contador Edgardo Pautasso dictaminó que “el proceso de contratación del Nuevo Banco de Entre Ríos como agente financiero efectivamente fue realizado en forma directa y no por licitación pública, como lo prevé la ley provincial de contabilidad”. Sin embargo, “si tal procedimiento fue obviado existió dictamen favorable de la Fiscalía de Estado en tal sentido, sujeto a aprobación legislativa, paso este que se cumplimentó obteniéndose la misma mediante ley 9.645 lo que motivó se adjudicara en forma directa esta contratación”. La pericia destaca que el canon es mayor al que se pagaba antes del actual contrato, pero destaca que al mismo se arribó en el marco de negociaciones sostenidas entre representantes del banco y especialistas del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.
Por su parte, la Fiscalía de Estado consideró que la aprobación legislativa del trámite es suficiente para compensar el no llamado a licitación, proceso que de todos modos “hubiera resultado inoficioso por cuanto la única entidad en condiciones de ser adjudicataria del servicio era y es el NBersa”. Y, además, que ese mismo procedimiento fue utilizado en casos anteriores, indicándolos. “La figura penal del fraude a la administración pública requiere para su configuración el elemento intencional del ardid o engaño del agente, el error del destinatario del engaño y la disposición patrimonial perjudicial, requisitos estos que no se reúnen en el presente caso, ya que si bien el punto álgido de la contratación está constituido por el canon convenido con la entidad bancaria, superior al vigente con anterioridad, el mismo obedecería a contraprestaciones a cargo de la entidad bancaria, previéndose un tope al mismo, el que a la fecha no se ha verificado que se haya superado”, expone la Fiscalía de Estado, al acompañar la petición de archivo que había formulado la agente fiscal, doctora Leonor Nader. Y en base a eso, el doctor González dictaminó.
Luego de la denuncia de Máinez y Grilli, el gobernador Jorge Busti y el ministro Diego Valiero se presentaron espontáneamente “a fin de proporcionar la información pertinente”. Fue el 8 de noviembre de 2005. “Habiendo tomado conocimiento que se ha ordenado la realización de medidas preliminares tendientes al esclarecimiento de los hechos denunciados por los señores diputados Grilli y Máinez y dado que las mismas podrían considerarse como elementos de prueba en el hipotético caso de un eventual proceso, venimos por el presente acto a solicitar se nos otorgue la intervención que por derecho corresponde para participar en todas y cada una de las medidas que usted disponga”, citaba el texto que hace más de un año firmaron el Gobernador y su ministro. Acto seguido, propusieron a la doctora Nanci Vinagre “para que ejerza nuestra representación”.
Es la segunda buena noticia que recibe el oficialismo en poco tiempo. Hace apenas unos días, el propio Gobierno se había dedicado a difundir un dictamen favorable del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos sobre el convenio de agente financiero firmado en agosto de 2005 y que mereció sucesivas críticas desde la oposición, principalmente por el monto del cánon, de 1,1 millón de pesos, que se consideró excesivo.
En su dictamen, el organismo de control constitucional afirmó que “no quedaron dudas” de que el procedimiento para llevar adelante tal operación “no altera principio alguno de legitimidad” y que no hubo “perjuicio fiscal”. Además, acerca de la “razonabilidad del valor contratado”, se dejó en claro que “no se pueden hacer comparaciones que resulten válidas con otras instituciones bancarias o con contrataciones anteriores”.
La propia Dirección de Información Pública fue quien divulgó la decisión contenida en informes originados por un trámite de control de rendición de cuentas, firmados por el asesor jurídico, Luis María Campos; los seis fiscales de cuentas y el cuerpo de auditores del Tribunal de Cuentas acerca del contrato de agente financiero celebrado entre el Gobierno entrerriano y el Nuevo Bersa SA, en los que “se da por terminada la tramitación, disponiéndose el archivo de la misma”.
