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e la redacción de INFORME DIGITAL El gobernador Gustavo Bordet contó en una entrevista radial que tramita ante el gobierno nacional la habilitación de los juzgados federales en Concordia, Gualeguaychú y Victoria, para “ayudar al combate contra el narcotráfico en nuestra provincia”. Ponderó el proyecto de ley de Narcomenudeo que tratará la Legislatura provincial, iniciativa que da facultades a la Policía de Entre Ríos y ha recibido críticas de la Justicia Federal. Bordet advirtió que la Justicia Federal, que es la que entiende en materia de narcotráfico ya que es un delito federal- sólo tiene dos juzgados en Entre Ríos: “uno en Paraná y otro en Concepción del Uruguay, por lo que se hace muy difícil poder ir hacia la venta minorista de droga", señaló. Por lo tanto, el mandatario dijo que las dos veces que se reunió con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, le solicitó “que se habiliten los juzgados federales en la provincia, en Concordia, Gualeguaychú y en Victoria”. Sin embargo, más allá del pedido a favor de la Justicia Federal, Bordet remarcó que “tener la policía de la provincia de Entre Ríos con un ámbito de acción que hoy no tiene, que es poder ir hacia los kioscos de venta de droga, sería un gran avance”. Es lo que se permitiría con la ley de Narcomenudeo, que el Ejecutivo ingresó en la Legislatura provincial, “con el consenso mayoritario de los bloques que la integran”, destacó el gobernador. Ley polémica La ley de Narcomenudeo que rige desde el año 2014 y que ahora viene a reemplazar la de Bordet generó diferencias entre la Justicia Federal y el gobierno entrerriano, porque permitía que la Justicia y la Policía provinciales intervengan en la persecución del narcotráfico en pequeña escala, es decir en el comercio de droga "en dosis destinadas directamente al consumidor”. Los famosos kioscos narco de los barrios. Dos jueces federales entrerrianos la declararon inconstitucional, por considerar que modifica lo previsto en la Ley Nacional Nº 26.052 de Estupefacientes, que tiene “mayor rango legal”. La ley provincial, interpretó Ríos, “violenta la forma federal de gobierno, los principios y reglas constitucionales y legales de supremacía del orden federal, de debido proceso, de defensa en juicio y de juez natural".