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a audiencia de este lunes en el juicio por las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio estuvo marcada por las finanzas municipales de la gestión de Sergio Varisco de los últimos dos años. En los Tribunales Federales declaró Marcela Julita, subcomisaria contadora de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, y luego lo hizo el subtesorero del municipio paranaense Rubén Correa, quien rechazó las consideraciones de la funcionaria policial.

Cabe recordar que, en el marco de la investigación encabezada por el juez Federal, Leandro Ríos, para pesquisar vínculos entre el gobierno varisquista y la organización narco cuyo liderazgo se atribuye a Daniel Celis, se ordenaron peritajes por parte de la PFA a una gran cantidad de expedientes, legajos y órdenes de pago de la municipalidad. Uno de los movimientos de dinero más polémicos fue el referido a órdenes de publicidad, cuyos fondos habrían sido desviados. A eso se refirió la policía que declaró este lunes.

Julita precisó que a en la PFA analizaron documentación comprendida entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 y aseveró que en los legajos de contratación "faltaba documentación". El material recabado pertenece a la Dirección de Liquidación de Haberes y Tesorería.

Además, sintetizó que hubo órdenes de pago y cheques que eran librados a nombre del mismo municipio en un circuito que "no es usual", donde el dinero salía y regresaba a la misma cuenta.

Julita aseveró que “faltaba mucha información” en legajos de personal. “Faltaban firmas y títulos profesionales”, marcó, "se hacían transferencias de las cuentas del municipio a las cuentas bancarias de los empleados”.

“Se emitían cheques en concepto de haberes, librados a nombre de la Municipalidad que posteriormente se volvía a depositar en una cuenta del municipio. Es una modalidad inusual”, reseñó la funcionaria de la PFA.

Según registró Análisis, Julita consideró que “esto no debería suceder en Contabilidad, porque los cheques deben estar librados a la orden del prestador del servicio" y sugirió: “Quizás hicieron una simulación de pagos”, ya que la documentación “no me demuestra que esos cheques fueron emitidos con el propósito de abonar haberes”.

“Esto debe interpretarse como una maniobra para ocultar el verdadero destino”, advirtió la uniformada, aunque reconoció que "no podría precisar" cuál sería.

Publicidad iregular

La policía indicó que se revisaron ordenes de publicidad por un total de 28 millones de pesos en el período en cuestión. En esos expedientes, según observó, hubo una situación que "llamó mucho la atención". "Había gente que no respondía a la actividad declarada", resumió.

“Tomamos una muestra al azar de prestadores de publicidad. Encontramos gente que tributaba por rubros que no tenían nada que ver con publicidad, como por ejemplo venta de carne o pompas fúnebres, o gente que estaba dada de baja y para la AFIP no existía. Pensamos que podía haber simulación de pagos o facturación apócrifa”, dijo.

También aseguró que encontraron órdenes de pago “duplicadas”.

Rechazo

Las declaraciones de Julita fueron repelidas por los defensores del intendente Sergio Varisco, Rubén Pagliotto y Miguel Cullen; y por Emilio Fouces y Boris Cohen, defensores de Pablo Hernández y Griselda Bordeira, respectivamente.

A la funcionaria le realizaron preguntas y le cuestionaron el trabajo, a lo que la contadora de la PFA respondió que en la división "lo que vemos lo exponemos".

Además de los abogados, contrastó los dichos de la policía el subtesorero de la Municipalidad, Rubén Correa. "El sistema puede ser antiguo pero es absolutamente seguro y se pueden seguir todos los pagos", aseguró.

Correa consideró que las revelaciones del informe de la fuerza federal fueron "absolutamente incorrectas".

La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se reanudará este martes a las 10.