Miércoles 23 de febrero de 2022
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Política
Las defensas iniciaron los alegatos en el Juicio a Urribarri

El abogado del ex ministro de Turismo Hugo Marsó y del empresario Gerardo Caruso expuso durante casi tres horas y pidió la absolución de ambos en la causa por el montaje del parador en Mar del Plata.

Los alegatos de la defensa continuarán este jueves.

E

l abogado Emilio Fouces pidió este miércoles por la tarde la absolución de sus defendidos, el ex ministro de Turismo Hugo Marsó y el empresario Gerardo Caruso, imputados en la causa por el montaje del parador en Mar del Plata. Este jueves por la mañana proseguirán los alegatos de las defensas.

Fouces también reclamó al Tribunal que deje a salvo el buen nombre y honor de ambos ya que “ni siquiera deberían haber sido sometidos a juicio”, aseveró.

En las casi tres horas de exposición ante el Tribunal, el letrado apeló a desarmar los argumentos vertidos por la Fiscalía durante el pedido de penas. En este sentido, Fouces dijo que Fiscalía abrió el debate del juicio con “titulares grandilocuentes, nada de lo prometido que se iba a probar se ha probado. No se ha conmovido en lo más mínimo la presunción de inocencia de mis clientes”.

Fouces cerró su largo alegato recordando el fallo de la Justicia en la causa “Mutual Modelo” en el cual se absolvió al fallecido ex intendente de Paraná, Sergio Varisco. Aseguró que, si se cambian los nombres de los imputados por lo del “Megajuicio”, se estaba ante las mismas circunstancias: lo que se llevó a juicio fueron actos de gobierno no justiciables.


La comparación utilizada por el abogado fue un remedo cargado de sarcasmo que apuntó contra la argumentación hecha por el agente fiscal interino Juan Francisco Ramírez Montrull al momento de alegar contra Marsó y Caruso. En ese momento, dijo que si se cambiaban los nombres, se estaba ante el mismo modus operandi que en lo ocurrido en la investigación de los spots de la Cumbre del Mercosur, caso que también se ventila en este juicio. Aseveró que sólo había que variar los nombres de los protagonistas y el hecho investigado.

El abogado defensor utilizó nuevamente esta equiparación hecha por Fiscalía al marcar la “doble vara” con la que, dijo, actuó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Recordó que en la causa de los spots, al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez (ex pareja de la diva Susana Giménez) se lo benefició por una probation de $ 150 mil. Y trajo a colación que cuando fue a pedir el mismo trato para su defendido Caruso, en Fiscalía se lo negaron aduciendo que las circunstancias no eran similares. Fouces marcó entonces la contradicción entre lo resuelto en aquel momento por la acusación y el criterio utilizado ahora. “A «Corcho» le pidieron $ 150 mil y a Caruso 5 años de prisión efectiva”, contrastó.

“Corcho” Rodríguez es el titular de Nelly Entertaiment, la firma que se encargó de comercializar los spots de la Cumbre. Caruso fue la cabeza de “El juego en que andamos”, firma adjudicataria del parador de Playa La Perla, que Fiscalía considera sirvió para desviar fondos hacia la campaña del ex gobernador Sergio Urribarri y sus aspiraciones de llegar a la presidencia.


Jorge 'Corcho' Rodríguez.

Fouces dijo al comienzo que, ante el peso de los hechos y de los testimonios, la acusación se vio obligado a variar el hecho que se les imputaba a sus defendidos. Al momento de producirse la elevación a juicio, precisó, se les achacó haber utilizado fondos públicos y el parador para la campaña presidencial de Urribarri.

La Fiscalía culpó a Marsó y a Caruso de haber desviado dinero para el posicionamiento a nivel nacional de Urribarri “sin ningún tipo de justificación” y sin cumplir con las normas que impone el Código Procesal Penal.

En el alegato final, Fiscalía culpó a Marsó y a Caruso de haber desviado dinero para el posicionamiento a nivel nacional del entonces gobernador “sin ningún tipo de justificación” y sin cumplir con las normas que impone el Código Procesal Penal.

“El hecho por el que venían a juicio estas personas era muy concreto y muy bien definido. Pero esta variación del hecho no es casual. No es que se han confundido (los fiscales) sino que fue absolutamente imposible probar la acusación originaria. Los hechos son absolutamente distintos – denunció – Yo traje testigos para desacreditar que se trató de financiamiento de campaña”, agregó.

Lo que dice el archivo

La “caja negra”

Otro punto algo de su exposición fue cuando centró las críticas al documento en que se sustenta gran parte del caso de Fiscalía: una planilla de Excel en el que se describen movimientos de dinero que la acusación sostiene que son los giros de fondos que se habría detraído de las arcas públicas. En primer lugar fue contra el disco rígido donde se encontró el archivo.

Recordó las contradicciones que relató en su momento uno de los testigos civiles del allanamiento en la casa particular donde se lo secuestró. Apuntó especialmente a la manipulación del elemento. Señaló que estuvo durante un cierto tiempo en poder de la Policía Federal (a cargo del operativo en las sedes de las empresas TEP y Next y también en la finca donde se lo halló). Y que los agentes federales fueron vistos escribiendo en computadoras en la casa. Fiscalía había dicho que estaban redactando el acta de secuestro.

El parador de Entre Ríos en Mar del Plata.

Pero Fouces desacreditó eso mostrando al Tribunal el acta: el documento se escribió a mano sobre un formulario preimpreso de la Federal. Por eso el defensor justificó sus sospechas de qué estaban haciendo los policías con las PC en el lugar de secuestro del disco rígido, que había sido calificado por la Procuradora Adjunta como la “caja negra de la corrupción”.


Hugo Marsó, ex secretario de Turismo de Entre Ríos.

A esto sumó que tanto Caruso como el otro imputado mencionado en el archivo, Juan Pablo Aguilera, desconocieron el origen del documento. En la planilla se observa un texto que se asemeja a un correo electrónico. Y contiene datos de giros de dinero entre particulares y empresas, entre ellas TEP y Next (las firmas que la acusación considera son propiedad de Aguilera y que habrían servido tanto para cartelizar publicidad oficial en vía pública como para desviar recursos hacia la campaña de Urribarri) y “El juego en que andamos”.

Fouces señaló dos factores: el primero es que el MPF cortó el título del escrito, presentándolo como el “Esquema de devolución”, dejando fuera las palabras que siguen: “De adelantos”. El defensor llamó la atención que no es lo mismo un esquema de devolución, que presume coimas, que un esquema de devolución de adelantos, cuya comprensión se acerca a la versión de que hubo préstamos de dinero entre Aguilera y Caruso, como ambos reconocieron.


El empresario de medios Gerardo Caruso.

Al respecto, cargó contra la impugnación presentada por Fiscalía a esta versión de los imputados, basada en un informe del contador y ex policía Héctor Eduardo Enrique quien afirmó que un mutuo sólo se puede hacer a título oneroso (es decir, con cobro de intereses) y por escrito. Fouces les enrostró a los acusadores que el Código Civil, tanto en su actual versión como en la anterior, habilita los mutuos sin cargos y también que puedan hacerse en forma verbal. Otro factor al que apuntó fue que los giros de fondos se hicieron confeccionando facturas y a través de transferencias bancarias.

“Creer que existe «retorno» a contrafactura y por transferencia bancaria sería algo inédito en la historia de la criminalidad ¿Cuál es la lógica de eso? Dicen que se pagó una parte en efectivo. Entonces ¿por qué se pagó la otra por transferencia bancaria? Por los retornos se pagaba IVA y ganancias”, ironizó.

Casi al cierre, mostró gastos de funcionamiento del parador que incluían conceptos que no estaban en las dos facturas que Fiscalía presentó ante el Tribunal como si hubiesen sido los únicos costos de “El juego en que andamos” y de donde el MPF desprendió el excedente de 5 millones que habrían sido la coima por el sobreprecio en la licitación del parador.

“Caruso ganó una licitación de $14 millones y «retornó» $ 5 millones. Es absurdo”, afirmó Fouces.

Por otra parte, señaló que su otro defendido, el ex ministro Marsó, “no se lo nombró durante todo el debate”. Y llamó la atención sobre lo “forzado” del argumento acusatorio de vincularlo a presuntos pagos de coimas por un mensaje de texto en el que se le pregunta a Aguilera “¿qué arreglaste con Marsó?”.

“No se ha probado ningún ilícito. Mucho menos que mis defendidos los hayan cometido. No tendrían que haber estado ni siquiera sometidos a juicio” sintetizó, recordando que hasta se los acusó a ambos de “delincuentes y traidores a la Patria y se les pidieron penas desmesuradas”.

Fuente: APF.

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