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onvocado por la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Hugo Ballay, expuso los detalles del proceso de licitación pública destinada a contratar los servicios de agente financiero de la provincia, que fue adjudicado este martes por el gobierno a la empresa Nuevo Bersa, que de esta manera totalizará 30 años como concesionario, ya que está desde el 2005 y el contrato puede extenderse hasta 15 años, es decir 2035.

Al brindar detalles sobre la oferta económica para el nuevo contrato del agente financiero, Ballay subrayó la incorporación de una baja del 20 por ciento de los costos que paga la provincia con el contrato actual.

También valoró el canon que la provincia percibirá según lo previsto en la nueva oferta, y que asciende a un 3,6 por ciento sobre la masa salarial para los primeros cinco años y un 4 por ciento para los siguientes cinco años de contrato.

En ese sentido, el ministro también expuso una proyección de los términos del nuevo contrato a los valores económicos del año 2019, contemplando las variaciones en la inflación, y apuntó que el resultado arroja un beneficio para el Estado provincial del 27 por ciento.

“No hay una lesividad, sino que hay un beneficio", aseguró Ballay.

Por otra parte, puso de relieve que, de acuerdo al nuevo contrato, el oferente "va a tributar como cualquier contribuyente por las comisiones que le cobre a la provincia de Entre Ríos por el servicio de agente financiero", tanto en lo que refiere a Ingresos Brutos como Sellos.

Por último Ballay resaltó que el procedimiento de licitación pública se llevó a cabo cumplimentando toda la legalidad vigente y que contó con la aprobación de los organismos de control.

“La licitación fue transparente y legal"

Los diputados Mariana Farfán y Néstor Loggio respondieron a las expresiones de sus pares de la oposición. "Cuando quien tiene una responsabilidad de control cree que se ha violado un procedimiento legal de tanta importancia como lo es una licitación del agente financiero, debe rápidamente hacer las denuncias legales pertinentes, y no quedarse a pasear en algún show mediático", refutaron.

Los legisladores postularon que el proceso actual se llevó adelante, a diferencia del año 2005, mediante una licitación pública y con el seguimiento de la comisión legislativa”, que ambos integran, así como los legisladores de la oposición Esteban Vitor y Rubén Dal Molin.

Por otra parte, manifestaron que "una estrategia muy usada por la oposición consiste en hacer denuncias sobre cuestiones técnico-legales en los medios de comunicación, y no a través de los mecanismos o vías que corresponden a cada procedimiento administrativo".

 "Vitor y Dal Molin, como miembros de la Comisión de Seguimiento de la Licitación, recibieron previamente una copia del Decreto de llamado a Licitación Pública y el Pliego de Bases y Condiciones que lo regiría, y luego durante todo el proceso y teniendo la oportunidad de interponer alguna impugnación o algún recurso de los que permite el ordenamiento legal, no lo hicieron", castigaron los peronistas

Loggio y Farfán destacaron que las nuevas condiciones que se establecieron resultan más convenientes que las actuales y que implican beneficios concretos para el sector pasivo y productivo, a través de descuentos en los préstamos que tomen. Del mismo modo, adelantaron que habrá un “serio y riguroso” seguimiento del servicio que se preste en las sucursales.

Cambiemos insiste

Sin embargo, el interbloque de Cambiemos manifestó su disconformidad con la exposición que el ministro. Consideraron que el funcionario no logró justificar por qué hay tantas diferencias entre el contrato que el Bersa tiene con Santa Fe y el que tiene con Entre Ríos.

Interbloque de Diputados de Cambiemos (archivo)

Si bien destacaron que el Ministro haya acudido al recinto, advirtieron que “las respuestas tuvieron gusto a poco” y advirtieron que “interpretamos que el Gobierno de Entre Ríos no tuvo ninguna intención de admitir a otros oferentes y que el proceso licitatorio se elaboró apuntando a que el Bersa sea el único oferente”.

“Hay diferencias sustanciales en lo que respecta a plazos, comisiones y costos y, sin embargo, el Ministro no pudo explicar las razones por las que se avanzó en una adjudicación que claramente es perjudicial para los entrerrianos”, enfatizaron. 

Finalmente advirtieron: “Esperemos no tener razón, pero seguramente a medida que pase el tiempo la historia nos dará la razón y la actuación de este grupo económico como agente financiero de la provincia seguirá perjudicando las arcas del Estado entrerriano y continuará sometiendo a la ciudadanía a un servicio ineficiente”.